En este artículo, un equipo de investigación de Países Bajos evaluó cómo optimizar la interacción entre las dos piedras angulares de la reglamentación europea de nuevos alimentos, es decir, la ciencia y la regulación o marco jurídico, como requisitos para establecer la seguridad alimentaria de los nuevos alimentos, de modo que las tensiones entre la legislación y la ciencia se minimicen.
Las políticas actuales de seguridad alimentaria buscan proporcionar una certeza razonable de que un alimento no representará un riesgo para los consumidores, aunque nunca se puede garantizar la ausencia total de riesgos. En la UE, esto se traduce en decisiones de autorización previa a la comercialización para permitir nuevos alimentos en el mercado, establecido en el Reglamento de Nuevos Alimentos (Novel Food). El objetivo del reglamento es proteger a los consumidores de productos inseguros y se basa en evaluaciones de riesgo realizadas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).
En la nueva regulación europea se incluye una nueva definición de nuevos alimentos, un procedimiento de autorización centralizado, y una lista de nuevos alimentos autorizados, disponible aquí: ec.europa.eu/food/food-feed-portal/screen/novel-food-catalogue/search
Los informes científicos de seguridad de los nuevos alimentos deben proporcionar evidencia de que el consumo del producto no provoca efectos adversos. Para ello es necesario analizar la toxicología, información nutricional y alergenicidad. Los desarrollos metodológicos en estos campos, especialmente en toxicología, reducirán los recursos necesarios y la necesidad de un gran número de animales experimentales en la evaluación de riesgos.
El uso de estándares científicos en la legislación a menudo crea tensiones entre la ley y la ciencia, ya que las incertidumbres aceptables en ciencia no lo son en derecho. Es fundamental que tanto la comunidad científica como los evaluadores y gestores de riesgos reconozcan la necesidad de mejorar continuamente los métodos de evaluación de seguridad. Para avanzar, es esencial cerrar la brecha entre ciencia y regulación, reconociendo y estudiando las incertidumbres científicas para mejorar el desarrollo científico y regulatorio.
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